Vulneración de derechos en el procedimiento abreviado: análisis de inconstitucionalidad y observaciones al modelo Penal Garantista
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Universidad Tecnológica ECOTEC
Resumen
El presente trabajo de investigación aborda el estudio del procedimiento
abreviado, así como el de los principios fundamentales del proceso
acusatorio (en especial, los principios de celeridad, eficacia judicial,
contradicción, presunción de inocencia, entre otros). En concreto, expone
un análisis pormenorizado del papel que tales principios desempeñan en el
procedimiento abreviado y de cómo colisionan entre sí, destacando la
importancia de integrarlos e interpretarlos interactivamente.
Así mismo, realiza un análisis de la condición del imputado al momento de
negociar una pena ante el fiscal y cómo la prisión preventiva desempeña
un rol trascendental frente a su declaración de culpabilidad. El análisis
sugerente de esta problemática se fundamenta por la perspectiva
sistemática que se ofrece, teniendo en consideración pronunciamientos
doctrinales de autores de gran relieve y fallos jurisprudenciales del derecho
anglosajón que dan razón de una posible vulneración de derechos
fundamentales como el derecho a la defensa y al principio de no auto
incriminación.
Finalmente, el trabajo investigativo cumple con la función metodológica de
obtención de resultados al incorporar el criterio de juristas del medio
expertos en materia penal, entre ellos fiscales, defensores públicos y
abogados en libre ejercicio, con posturas divididas respecto a la vulneración
de derechos en el marco del procedimiento abreviado, y que nos permite
establecer un antecedente sobre esta polémica discusión.
Descripción
El procedimiento abreviado regulado en el Código Orgánico Integral Penal,
se introduce a la legislación procesal ecuatoriana fundamentalmente con la
necesidad de que los procesos llevados a cabo en materia penal tengan
una respuesta ágil mediante un procedimiento oral, rápido y eficaz,
brindando a la controversia penal una sustanciación distinta a la prevista
para el procedimiento ordinario, particularmente sobre aquellos delitos que
no sean sancionados con pena privativa de libertad mayor a 10 años.
Este procedimiento especial, cumple con la característica esencial de que
para su aplicación, es necesario el acuerdo entre fiscal y procesado que
consiste básicamente en la proposición del fiscal (considerando
circunstancias de atenuantes y agravantes) en reducir la pena hasta un
tercio a cambio de la confesión del imputado sobre el cometimiento del
delito. Este consenso es expuesto ante el juez, que tendrá el deber de
analizar el contexto de los hechos, la calificación jurídica del delito y la pena
privativa de libertad que no podrá ser mayor al tiempo sugerido por el fiscal.
En consecuencia, existiendo aceptación del procesado inmediatamente
emitirá sentencia condenatoria.
A simple vista, parecería que se tratara de otro tipo de procedimiento
especial que no busca otra cosa más que aportar a la descongestión
procesal ante un colapsado sistema de justicia. Sin embargo, dada la
posibilidad latente de que el imputado pueda auto incriminarse, surge la
necesidad de replantearnos hasta qué punto la confesión de un delito
puede ser considera legítima.