Alcance Jurídico del Principio de Trato Justo y Legalidad en el proceso de pago a los contratistas de provisión de servicios en la contratación pública, período 2022-2023.

Abstract

En un país donde la confianza en el Estado supone ser prioridad, emergen los conflictos respecto a la correcta administración dentro de sus instituciones; concretamente, de un Presupuesto del Estado que al ser resultado del aporte de cada ciudadano, busca promover que sus derechos se vean reflejados en el marco de dicha administración, ya sea como beneficiario indirecto, o directo participante de estas organizaciones en el ejercicio de sus atribuciones. En el marco jurídico vigente, la norma reguladora del uso del Presupuesto del Estado en la contratación pública es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la cual otorga al Servicio Ecuatoriano de Contratación Pública (SERCOP) la responsabilidad de dirigir la misma. En este sentido, se esperaría que el Servicio Ecuatoriano de Contratación Pública tuviera la autoridad para aplicar sanciones, tanto a los contratistas como a los servidores de las entidades públicas contratantes. Sin embargo, en la práctica, esta investigación estudia una palpable limitación en dichas atribuciones, en vista que la normativa no le otorga dicha capacidad. Dicha limitación se ve reflejada durante la fase contractual, donde los contratistas del Estado que exigen el pago por sus servicios, pueden ser perjudicados por esta limitación para imponer sanciones en caso de retención indebida en el pago de parte de las entidades contratantes. En estos casos, el SERCOP sólo puede requerir a la máxima autoridad de la institución pública contratante que imponga el régimen disciplinario correspondiente al funcionario encargado del contrato, lo que podría no ocurrir en algunos casos. Esta situación concurre en vulnerar el principio de trato justo y legalidad para los contratistas que quedan en indefensión de su derecho a un pago acorde a lo establecido en el contrato.