Análisis jurídico de la potestad que tiene el fiscal para iniciar el procedimiento abreviado contenido en el artículo 635 #2 del Código Orgánico Integral Penal, frente a la crisis carcelaria que atravesó el Ecuador durante el año 2021, en el Centro de Privación de Libertad N1 de la ciudad de Guayaquil

Abstract

El procedimiento de plea bargaining surgido en Estados Unidos, donde se permite la negociación tanto de los hechos del caso como de la pena aplicable, ha ejercido influencia en los sistemas penales de varios países de Europa y Latinoamérica. En nuestro país se implementó el procedimiento abreviado, que a diferencia del plea bargaining sólo permite la negociación de la pena, manteniendo la imposibilidad de negociar los hechos. El procedimiento abreviado busca cumplir objetivos valiosos como la celeridad procesal, la reducción de costos del proceso penal y la descongestión del sistema. Sin embargo, es necesario analizar críticamente si en la práctica el procedimiento abreviado está cumpliendo dichos objetivos o si su aplicación está afectando garantías constitucionales fundamentales. Se requiere una evaluación empírica de cómo funciona en realidad este procedimiento especial en el marco de nuestro sistema penal.