Análisis de la aplicación de medidas socioeducativas elegibles en los adolescentes infractores y la necesidad de penalizar la responsabilidad. Revisión de casos del primer semestre de 2022 en zona 8.

Abstract

El objetivo de la presente investigación fue determinar la responsabilidad del menor de edad frente a los delitos graves en la zona 8 durante el 2022 para la ejecución correcta de una sentencia basado en elementos clave para su juzgamiento penal. La metodología aplicada fue por medio del tipo de investigación descriptivo y documental; con enfoque cualitativo utilizando el método MiniDelphi para las entrevistas a expertos en el área de Derecho, siendo jueces de la provincia del Guayas en Salas de lo Penal y Laboral y también la participación de un abogado de libre ejercicio. También se explicaron estadísticas de la situación de los adolescentes infractores vinculados con delitos graves en especial en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Los resultados mostraron entre los expertos que de los factores que inciden en la participación de los adolescentes se vinculan los familiares (descomposición familiar) y sociales (falta de oportunidad de estudio y trabajo); además que el Modelo de Atención Restaurativo de la SNAI no es suficiente porque no existe una política pública que actúe sobre la delincuencia organizada y sobre las reformas en que los menores sean juzgados por sus acciones de adultos en delitos graves sino que se continua con las medidas socioeducativas sin resultados. En la estadística se demuestra que el CAI masculino tiene una capacidad ocupada del 73%, mientras que el 32% existe en el CAI femenino, evidenciando más casos de menores hombres en actos delictivos graves. 193 casos de adolescentes infractores se encuentran con medidas alternativas, como arresto domiciliario o participación en programas socioeducativos, que incluían la obligación de asistir a clases y recibir charlas. Se concluyó con la propuesta de argumentos jurídicos para la modificación de la inimputabilidad de los menores en casos vinculados con delitos graves, modificando la edad de 18 a 16 años.