Análisis jurídico de la aplicación de sanciones en la prevención de la defraudación aduanera en Ecuador periodo 2021- 2022.

Abstract

La defraudación aduanera representa un desafío significativo para la administración tributaria en Ecuador, afectando tanto la recaudación fiscal como la equidad en el comercio internacional. En el periodo 2021-2022, el país enfrentó un entorno complejo en el que las prácticas de evasión fiscal y la elusión de regulaciones aduaneras se volvieron más sofisticadas, requiriendo una respuesta jurídica robusta y efectiva. Este fenómeno no solo compromete los ingresos del Estado, sino que también perjudica la competitividad de las empresas nacionales y socava la confianza en el sistema económico. En respuesta a estos desafíos, la legislación ecuatoriana ha buscado fortalecer el marco normativo para la prevención y sanción de la defraudación aduanera. La Ley de Aduanas y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) han sido clave en la implementación de medidas para combatir estos delitos. Sin embargo, la eficacia de estas sanciones y su aplicación práctica han sido objeto de debate y análisis, dado que la implementación y ejecución efectiva de las sanciones son esenciales para disuadir y penalizar las infracciones aduaneras. El presente análisis jurídico se centra en la aplicación de las sanciones relacionadas con la defraudación aduanera durante el periodo 2021-2022. Examinará cómo las disposiciones legales y reglamentarias han sido aplicadas en la práctica, evaluando su efectividad en la prevención de delitos aduaneros. Se considerará el marco normativo vigente, incluyendo el papel del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) en la supervisión y ejecución de las sanciones, así como la colaboración entre distintas entidades gubernamentales y judiciales.